PIURA. EL congresista Miguel Guevara Trelles convocó a los electos alcaldes provinciales y distritales de Sechura, Talara y Paita, para reclamar los 38 millones de dólares que por justicia les corresponden y que Petrotech pagó en el 2009, después que el grupo de trabajo parlamentario que presidió, y se encargó de evaluar los contratos minero energéticos, determinó que dicha petrolera no estaba respetando los términos del contrato suscrito por el lote Z2B.
Ese dinero, que ingresó a las cuentas del Tesoro Público en enero del 2009, cuando Petrotech decidió retirar el protesto inicial con que había pagado, corresponde a canon y sobre canon no cancelado en su momento a las zonas productoras del referido lote petrolero, que abarca de Bayóvar a Máncora, remarcó.
Por ello invitó a las autoridades ediles electas Bernardo Pazo (Sechura), Porfirio Meca (Paita) y Rogelio Trelles (Talara) y a los alcaldes distritales de dichas provincias para coordinar y viajar a Lima en la primera semana de enero -tan pronto juramenten- para sostener reuniones con el ministro de Economía, Ismael Benavides, porque esos 38 millones de dólares pertenecen a la Región Piura y en especial a las zonas productoras.
Dijo que incluso podrían efectuar un plantón ante el Ministerio de Economía para que el pedido sea atendido y se efectivice y el dinero se distribuya en forma proporcional entre las provincias involucradas. Los frentes cívicos de esas provincias también deberían coordinar acciones sobre este tema, agregó.
"Con ese dinero se podría solucionar el problema de Talara, que apenas tienen agua dos horas de agua al día, y pese a la explotación petrolera la población no ha sentido el impacto del desarrollo de las empresas petroleras. Igual ocurre en el caso de Paita", señaló.
Datos
En grupo de trabajo que presidió Miguel Guevara determinó en el 2008 que Petrotech incurría en el venteo de gas, el irregular funcionamiento de la Procesadora de Gas Pariñas, el no pago al Estado del Impuesto al Patrimonio Empresarial, así como la falta de mantenimiento a las 96 plataformas en el zócalo continental, lo que originó la caída de cuatro de las plataformas.
Las referidas estructuras pertenecen a todos los peruanos, pues en el gobierno de Fujimori se pagó por ellas 260 millones de dólares a la compañía de seguros de la Belko , con un impuesto del 4% a la gasolina, refirió.
Petrotech reaccionó haciendo seguimiento, incluso al capitán de navío (r) Elías Ponce Feijoo, de la empresa BTR, implicado en el caso del "chuponeo" se le encontró una memoria USB, que contenía fotografías del domicilio en Piura de Guevara Trelles, de sus camionetas y se había realizado una encuesta sobre su personas en las plazas de Armas de Talara y Piura.
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